‘Siete demandas internacionales contra el Estado por cierre de la mina’

Las obligaciones legales que recibirá la próxima administración gubernamental a consecuencia del cierre de la mina podrían acarrear demandas multimillonarias por parte de Minera Panamá. La empresa interpuso una intención de demanda comercial que hasta ahora, como mínimo, acumula los $20 mil millones, cifra que representa el reclamo comercial. Sin embargo, hay otras cuatro intenciones de demanda por inversión de otras empresas relacionadas a First Quantum, es decir, inversionistas y accionistas que se sienten perjudicados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin duda, como nos comenta el ministro de Comercio e Industrias (Mici) Jorge Rivera Staff, el próximo gobierno enfrentará una ardua tarea para defender al país ante los tribunales internacionales.

Es importante hablar del planteamiento del plan de acción presentado por el gobierno en diciembre pasado, que tiene una serie de acciones. Una de las cuales es defender los intereses del país frente a las reclamaciones internacionales. Hemos tenido cuatro intenciones de arbitraje por inversión relacionadas con este caso, de la mina de cobre de Donoso, y un arbitraje comercial. Dentro de los arbitrajes de inversión hemos recibido intenciones de arbitraje que son parte de los procesos que se llevan adelante. También hemos tenido reuniones de acercamiento para conocer la posición de ellos, pero hasta ahí. Esto en inglés se llama ‘coollin off’. Es una oportunidad que hay antes de presentar una reclamación formal.

Están basados en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene Panamá. Tenemos dos presentados en función del TLC con Canadá y uno presentado utilizando como base el TLC firmado entre Centroamérica y Corea que es de una empresa de inversionistas, y hay uno cuarto que nos han notificado la intención con el TLC y los acuerdos con Francia.

Son empresas que tienen capital accionario dentro de Minera Panamá a través de First Quantum y otras estructuras accionarias. Se han recibido esas intenciones y hasta ahí han llegado. En este momento estamos en ese proceso y atendiendo la demanda formal de un arbitraje comercial que presenta Minera Panamá, es decir la empresa que tenía la concesión en nuestro país, que argumenta una cláusula del contrato declarado inconstitucional.

La cláusula de arbitrajes que contenía el contrato 406 declarado inconstitucional.

Sí, tenemos en ese caso notificaciones de intención de arbitraje de una empresa que se vio afectada en el área de los Santos por la aplicación de la ley de moratoria y hemos entendido que otras empresas están preparando sus intenciones. Se trata de tres o cuatro más, pero no las han formalizado aún.

Por ahora son siete. Hay una que sí está avanzando el proceso que se formalizó que refiere al arbitraje comercial que invoca la cláusula del contrato, y el resto son todas notificaciones de intención de arbitraje.

El estimado que hay hasta el momento que ha notificado la empresa First Quantum es de $20 mil millones, más lucro cesante.

A través del artículo de la cláusula del contrato. Las reclamaciones son producto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato en noviembre de 2023.

Sí, en función de las reglas del arbitraje internacional siempre hay oportunidad de que si las partes presentan argumentos adicionales puede variar el monto. Creo que es muy temprano en el proceso aún. Para dar un ejemplo, acuerdos de este tipo, en lo que se presenta el reclamo hasta llegar a la audiencia pasan mínimo dos años. Estaríamos hablando de una audiencia para el segundo semestre del 2025.

Sin duda.

Sin duda alguna involucran montos importantes, son miles de millones de dólares. Hay vinculación entre la demanda comercial, puede duplicar el mismo tipo de reclamo. Pero recordemos que el arbitraje comercial lo interpuso Minera Panamá, mientras que los de inversión los interpuso First Quantum y los inversionistas de esta empresa.

Sin duda alguna. La semana pasada se dio el ingreso de un equipo de fiscalización institucional. Estuvo personal del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Ambiente, de Salud y de varias instituciones validando mucho de los elementos del plan de gestión seguro. Uno de los elementos que se estuvo evaluando fue el concentrado de cobre. Ahí hay que hacer un señalamiento: con respecto al concentrado de cobre elevamos una consulta en diciembre al procurador de la Administración para que nos diera una orientación en relación a esto. Lo que nos dijo fue que se pueda determinar fehacientemente, con análisis y pericias de laboratorio que ese concentrado fue extraído antes de la declaratoria de inconstitucionalidad o después del contrato 406. Una vez que se determine esto, se puede saber si el concentrado es de la empresa o es del Estado.

Efectivamente y deben pagar regalías al Estado en función de la vigencia del contrato. Eso es parte de las guías que estamos siguiendo sobre la respuesta de la Procuraduría de la Administración. Se están haciendo los análisis en este momento, no solo para la calidad, sino también para la cantidad del material acumulado para hacer la exportación y los recursos se puedan usar para el cuido y mantenimiento que necesitamos en este momento.